El Ayuntamiento de Doral, Florida, aprobó por unanimidad un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para que su policía local colabore en la aplicación de leyes migratorias bajo el programa 287(g). Esta medida permite a los agentes locales interrogar, detener y procesar a personas sospechosas de estar indocumentadas, bajo supervisión directa de ICE .  
Doral, conocida por albergar la mayor comunidad de inmigrantes venezolanos en Estados Unidos—alrededor de 27,000 personas—, ha generado controversia con esta decisión. Líderes comunitarios y activistas la consideran una “traición”, temiendo que aumente el miedo y la desconfianza hacia la policía, afectando la seguridad pública y los negocios .  
Las autoridades locales argumentan que la aprobación del acuerdo responde al cumplimiento de una ley estatal que obliga a los municipios a colaborar con ICE, bajo amenaza de sanciones penales. El fiscal municipal, Lorenzo Cobiella, expresó que, aunque comprende el sufrimiento de la comunidad inmigrante, están obligados a cumplir con la ley . 
La implementación de este acuerdo ha reavivado el debate sobre el papel de los gobiernos municipales frente a las políticas migratorias estatales y federales, especialmente en comunidades con alta concentración de inmigrantes. 
